La reciente Ley de Inocencia Fiscal está generando un clima de inseguridad jurídica que transforma al asesoramiento técnico en una actividad de alto riesgo patrimonial, encareciendo los honorarios profesionales y dejando a las pymes en un estado de vulnerabilidad. Así lo advirtió Lucas Clemente Gutiérrez, presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) del Chaco, en una columna de opinión.
Si bien la ley no menciona expresamente al profesional como sujeto de sanción, su implementación práctica y la magnitud de las multas desplazan una carga de riesgo hacia el asesor que, según Gutiérrez, es ajena a su función. “No estamos ante un debate técnico sobre quién debe pagar una multa, sino ante una reflexión más profunda: ¿puede el Estado exigir un cumplimiento perfecto cuando sus propias herramientas son imperfectas?”, cuestionó.
El profesional destacó la contradicción de que el Estado exija cumplimiento bajo penas millonarias mientras sus plataformas digitales –como el Portal IVA o el sistema de Comprobantes en Línea– “colapsan sistemáticamente, devolviendo errores de ‘servicio no disponible'”. “No se puede castigar al contribuyente ni al profesional por la propia impericia tecnológica de los organismos de control”, sostuvo.
Este escenario, según el titular del CPCE, impacta directamente en la estructura de costos de los estudios contables. “Ante la inseguridad jurídica imperante, el riesgo asociado al ejercicio profesional se traslada necesariamente al valor del servicio, encareciéndolo”, explicó. Esto genera un círculo vicioso donde las pymes que no puedan afrontar estos nuevos costos quedarán más expuestas a sanciones por incumplimientos derivados de la burocracia estatal.
Gutiérrez alertó también sobre el riesgo de la “quiebra por multa”, al considerar que las sanciones propuestas “no guardan proporción con la realidad económica de los honorarios profesionales ni con la capacidad de pago de los pequeños contribuyentes”. “Cuando la sanción supera la capacidad de subsistencia, se transforma en una confiscación encubierta”, afirmó.
Desde el Consejo Profesional, pidieron al Estado que garantice sistemas que funcionen las 24 horas, reglas claras donde cada actor asuma su responsabilidad real, y una revisión de la reglamentación de la ley. “El profesional en Ciencias Económicas quiere ayudar a que este país crezca, pero no puede hacerlo con una espada de Damocles sobre su cabeza”, concluyó.
